En España la ley de morosidad se incumple por sistema

una disposición legal que España, obligada por la Unión Europea, aprobó en 2010 para evitar que las administraciones públicas y las empresas privadas pagasen tarde a sus proveedores. Y es que la morosidad y los retrasos en los pagos, sobre todo por parte de las administraciones públicas, acaban constituyendo un enorme agujero de liquidez para pequeñas empresas que, si no son capaces de aguantar sin ese dinero que se les debe, pueden acabar despidiendo a empleados, sufriendo una grave crisis financiera o incluso cerrando.

Sin embargo, y pese a que a la ley se le podría reconocer una innegable buena voluntad, la realidad está siendo muy distinta: en sus seis años de funcionamiento, España viene incumpliendo la Ley de Morosidad de manera sistemática, tal y como recoge el barómetro que la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) publica periódicamente.

Sector público: 30 días legales… y 75 reales
La palma se la llevan, de lejos, las instituciones públicas. Según los datos de ATA, a día de hoy estas entidades tardan, de media, 75 días en pagar las facturas que deben a las empresas y autónomos que les sirven de proveedores. Según la ley, este plazo debería ser de un máximo de 30 días, con lo que las AAPP de nuestro país tardan en pagar más del doble de lo que marca la disposición legal.

Los datos son de junio de este 2016, pero en 2015 el plazo real de pago fue de 86 días, casi el triple de lo permitido. Pero la cosa ha llegado a ser peor: como muestra el siguiente gráfico, desde que la Ley de Morosidad fuese aprobada, las administraciones públicas de nuestro país (Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos) nunca la han cumplido.

Como vemos, en este caso, las disposiciones legales no han servido de nada: pese a que la Unión Europea obligó a España a establecer estos plazos obligatorios de pago, la ley viene siendo incumplida sistemáticamente por todas las administraciones públicas de nuestro país.

Las CCAA, las más morosas
Dentro del sector público, la palma se la llevan las comunidades autónomas. A día de hoy, los gobiernos e instituciones regionales pagan sus facturas en un plazo de 85 días, casi tres veces más del plazo de 30 días que, por ley, deberían cumplir.

Tampoco andan muy lejos los diversos ayuntamientos y administraciones locales, que doblan el plazo legal pagando a sus proveedores a 64 días. La administración central es la única que, aun incumpliendo la ley, más se acerca a sus plazos: 44 días de media.

Las CCAA, a la cabeza de la morosidad

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLAZOS DE PAGO

Administración central44Comunidades Autónomas85Ayuntamientos64

Sector privado: 60 días legales… y 84 reales
Pero no acaba ahí la cosa. Si el sector público incumple la ley desde que fue implantada, el privado no podía ser menos. Aunque, eso sí, aquí el panorama es algo más alentador.

En 2015, las empresas del sector privado pagaron las facturas a sus proveedores, de media, 84 días después de que estas fueran emitidas, un plazo que viene siendo casi idéntico desde que este índice de morosidad empezara a ser medido por ATA.

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